Un paso adelante en la lucha contra la violencia

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En mayo de 2015, la Jueza Palmaghini había señalado en un fallo sobre barrabravas de River (por los destrozos de la confitería) la existencia de una asociación ilícita, contrariando el criterio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. ¿Es correcto que a todo integrante de una barra se le impute y procese por este delito? 

Supongamos por un instante que pertenecemos a una firma extranjera encargada de la realización de un evento multitudinario en la Argentina, y debemos buscar a una empresa que se encargue de la logística. Nos ofrecen una con la experiencia y el know-how adecuado: nos brinda servicios de venta de entradas, merchandising, puestos de comida, estacionamiento, incluso traslado de personas y paquetes para turistas. Mucho nos sorprendería saber que esta compañía tan eficiente, que funciona a la vista de las autoridades, es ni más ni menos que la barra brava de un club del fútbol argentino.

Todo lo enumerado, además de otros negocios ilegales como la venta de drogas, son sus fuentes de financiamiento y constituyen el suculento botín por el cual se producen enfrentamientos internos cada vez más cruentos. Estos grupos, que actúan como fuerza de choque de políticos y sindicalistas, poseen modalidades cuasi mafiosas y un fuerte liderazgo que ejercen con violencia. Ese liderazgo es lo que está permanentemente en disputa.

Muchos centímetros de diarios y revistas, y horas de radio y televisión, se han dedicado al modo de encarar el fenómeno de la violencia en el fútbol. Es muy difícil abordar el tema si no tenemos en cuenta el profundo cambio social que se ha dado en la configuración del barrabrava en los últimos tiempos. Mientras años atrás se trataba de individuos marginales fundamentados en la cultura del “aguante”, hoy estamos hablando de poderosas agrupaciones delictivas que poseen complejas estructuras jerárquicas, donde se entrecruzan diferentes actores sociales: dirigentes deportivos, políticos, sindicalistas, jueces y policías.

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿Se puede juzgar del mismo modo a aquel inadaptado que cometía un delito aislado, que a un miembro de una organización delictiva a cargo de un lucrativo negocio? Está claro que no. Las complejidades de las barras bravas actuales obligan, a falta de una tipificación del delito de barrabrava propiamente dicho, al replanteo de las figuras legales conque son imputados.

En este sentido, parece coherente y acertado el criterio de la jueza Fabiana Palmaghini, al dictar el procesamiento de los barrabravas Martín Núñez Gioiosa, Ricardo Gerino y Ariel Fernando Calvisi, por el delito de asociación ilícita. Los tres fueron detenidos tras el enfrentamiento de dos facciones de la barra de River en la confitería del Monumental el pasado 25/11/2014, que dejó varios heridos y numerosos destrozos en el lugar.

Antes de seguir adelante, conviene repasar lo que estipula el Código Penal de la Nación en sus artículos 210 y 210 bis sobre la figura de asociación ilícita:

Asociación ilícita

ARTICULO 210. – Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

ARTICULO 210 bis. – Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:

a) Estar integrada por diez o más individuos;

b) Poseer una organización militar o de tipo militar;

c) Tener estructura celular;

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad;

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

Como mencionamos en el párrafo anterior, parece adecuado el novedoso tratamiento que le aplica Palmaghini a estos barrabravas organizados. Por primera vez, da la sensación que se intenta profundizar en el complejo entramado que se vislumbra tras la violencia en el fútbol. Para investigar la asociación ilícita, la jueza pidió todas las causas que tramitaban existentes en la Justicia sobre la barra brava de River, buscando establecer que actúa con un determinado número de integrantes, en beneficio propio, con premeditación y persistencia en el tiempo, y con apoyo de diversos sectores (empleados, dirigentes, policías y funcionarios).

Por su parte, la Cámara del Crimen había anulado oportunamente el procesamiento contra Gioiosa y Gerino, pues consideró que se corre el riesgo de estigmatizar, ya que un grupo de simpatizantes no constituye necesariamente una barra brava. Según su parecer, cada causa judicial es un hecho individual en sí mismo y debe tramitarse por separado. Por lo tanto, la barra puede cometer una determinada cantidad de delitos, pero cada uno es de carácter único y aislado del resto. En síntesis, una sumatoria de hechos individuales no configura una asociación ilícita.

Esta última fundamentación, carente de sentido común, permite establecer que los jueces de la Cámara poseen una ingenuidad alarmante o desconocen completamente el funcionamiento de las barras actuales. Una vez más la fría letra de las leyes corre por un lado y su interpretación por otro.

Como corolario, sería interesante que los criterios de Palmaghini prosperen y sienten un precedente, y en el futuro se pueda articular su aplicación en conjunto con la Ley Nº 23.184 para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, conocida popularmente como “Ley De La Rúa”:

CAPITULO I

Régimen penal

ARTICULO 1º — El presente capítulo se aplicará a los hechos previstos en él, cuando se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.358 B.O. 25/3/2008)

ARTICULO 2º — Cuando en las circunstancias del artículo 1º se cometieren delitos previstos en el libro segundo, título I, capítulo I, artículos 79 y 81, inciso 1, letras a) y b), 84 y capítulos II, III y V, y los previstos en el título VI, artículos 162 y 164 del Código Penal, siempre que no resultaren delitos más severamente penados, las penas mínimas y máximas se incrementarán en un tercio. El máximo no será mayor al máximo previsto en el Código Penal para la especie de pena de que se trate.

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